Publicado el jueves, 9 de febrero de 2017 por Laura Marchesani
La gestación por sustitución, en todas sus facetas, está tomando un gran protagonismo en España, donde se ha dado voz a diversos tipos de familia que han crecido gracias a este tratamiento de reproducción asistida.
Los partidos más votados -PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- están tratando de analizar, en el interior de sus organizaciones, los posibles pros y contras de la legalización de la gestación por sustitución en el país, y cómo debería ser la norma que la reconociera.
Ante la realidad de los niños nacidos de padres españoles en otros países en los que la maternidad subrogada es legal, el Gobierno se ha visto obligado, en parte por la presión de las asociaciones de padres que han recurrido a esta técnica para serlo y de los propios medios de comunicación, a afrontar seriamente la cuestión.
A día de hoy, España no admite la gestación por sustitución dentro de sus fronteras pero, por otro lado, acepta la inscripción en el registro de bebés nacidos en el extranjero mediante este procedimiento, si existe un acto legal que declare que el tratamiento se ha desarrollado con pleno respeto a las leyes del país donde se haya llevado a cabo y que se han garantizado los derechos de las partes.
Uno de los principales motivos que han llevado a que España se mueva en este campo es la polémica nacida alrededor de los costes de la gestación por sustitución. Como es públicamente conocido, este camino hacia la paternidad es muy caro y, en consecuencia, no accesible para todos los que necesitarían recurrir a él.
El aspecto económico del asunto parece ser uno de los que más preocupaciones genera tanto en los partidos y asociaciones, que tienen posiciones divergentes, como entre la comunidad médica dedicada a la reproducción asistida que, como es obvio, también está implicada en este debate.
Para muchos la idea sería la de reproducir el modelo de gestación subrogada altruista que se aplica en los países arriba citados, en los que la gestante no puede recibir compensación económica sino únicamente un reembolso de los gastos en que incurra.
Evidentemente el tema es amplio en complejidad y matices, y habría que tener en cuenta diversos factores, entre ellos el cultural, a la hora de regularlo pues en la mentalidad latina algunos aspectos generan cierto choque. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, en la sociedad estadounidense, por ejemplo, donde está previsto un pago a la gestante (y así queda reflejado en las cláusulas del contrato entre los padres de intención y la mujer que dará a luz a su hijo), hablar de dinero y compensación económica no es visto como un tabú.
Existen, por supuesto, elementos de acuerdo entre las distintas partes y asociaciones que sostienen que la legalización es necesaria pero, también, aunque parezca un contrasentido, entre los que están a favor y los que se posicionan en contra de la misma.
Muchos de los partidarios del "contra" se oponen a un tratamiento que, a su modo de ver, podría derivar en explotación de la mujer, mientras que los militantes del "a favor" querrían crear normas claras que lleven a protocolos de actuación que eviten, en todo caso, ese posible abuso, sobre todo en sociedades menos desarrolladas que las nuestras desde el punto de vista económico y que no garantizan una tutela igualitaria de las partes.
Si la ley española no cambiase, los futuros padres de intención tendrían que seguir buscando el lugar ideal para su recorrido de gestación por sustitución en otros países como sucede ahora.
Lo que sorprende -gratamente- es que en un momento políticamente incierto, como el que se vive en España, los partidos de todo el espectro ideológico debatan la cuestión. Es evidente que no se trata de un asunto de izquierdas o derechas sino de una realidad del país a la que hay que hacer frente.
