Publicado el jueves, 16 de junio de 2016 por Laura Marchesani
Las leyes que regulan y diseñan el camino de las partes en la gestación subrogada son diferentes en muchos aspectos en cada país: condiciones de acceso, compensación de la gestante, contratos, burocracia necesaria, etc.
Esta es una de las razones por las que existen destinos más o menos seguros y aconsejables.
La idea de Portugal parecía ser la de crear un marco legal para un modelo de gestación por sustitución similar al que existe en otros países, admitiéndola sólo para parejas heterosexuales con problemáticas justificadas desde el punto de vista médico y sin compensación económica para la gestante.
Pero cuando un país debe diseñar normas que tomen en consideración cada aspecto del proceso, el reto al que se enfrenta no es simple. Regular por ley cada uno de los elementos que componen un recorrido tan complejo, que incluye facetas médicas, psicológicas, legales, logísticas y económicas, requiere un amplio conocimiento, un estudio detallado y una profunda comprensión de la gestación subrogada, pues se trata de realidades que, para poder existir, deben encontrar un terreno fértil, es decir, un clima de apertura y escucha.
Evidentemente, si existe la voluntad de alcanzar el objetivo, habrá mayores posibilidades de lograrlo; si, por el contrario, las propias fuerzas del Estado no colaboran sinérgicamente, el éxito del proyecto se pone mucho más en duda.
De hecho, tras haber aprobado una ley que permite la gestación subrogada a las parejas heterosexuales con dificultades médicas específicas, con la condición de que se trate de una colaboración altruista, el Parlamento se encuentra ahora con que debe volverla a discutir. El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en el tercer mes de su mandato, se ha negado a firmar la promulgación con una extensa argumentación, cuyo punto principal es que existen lagunas legales que deben ser subsanadas para alcanzar un punto óptimo. Según el mandatario, el contrato de gestación no protege ni al neonato ni a la gestante, y no se ha creado un marco legislativo que lo sustente. Al parecer, en Portugal no existen normas que establezcan cómo se deben comportar las partes en caso de malformación del feto o en una eventual interrupción del embarazo, situaciones que podrían suceder como en cualquier otro embarazo.
Como es obvio, en el interior del país este veto se ha interpretado de diversas maneras. En cualquier caso, independientemente de las razones reales, el debate se reabre para ser analizado y examinado en detalle. El hecho no es negativo en sí mismo y, ante esta situación, se presentan tres escenarios posibles:
el primero sería una relectura para mejorar la norma, hecho siempre positivo;
el segundo conllevaría la confirmación del texto de ley y, por lo tanto, su promulgación automática;
el tercero es el más probable según la prensa. La aprobación en el Parlamento de esta ley sobre la gestación por sustitución ha visto a las fuerzas políticas en posiciones contrapuestas, con sorpresas, lo que significa que pedir a las mismas personas volver a votar podría provocar un vuelco en el resultado.
En este sentido, si se analizan los votos emitidos por los diversos partidos políticos en la primera lectura de la norma, existe la posibilidad de que la ley no encuentre un nuevo consenso parlamentario para ser aprobada. ¿Qué significaría este hecho?
La batalla política está abierta. Se trata por tanto de una confrontación entre partidos en la que todas las partes implicadas de un lado y de otro afirman estar preparados para el nuevo debate.
